La Xunta subraya la importancia que tendrá la futura Ley de administración ambiental simplificada de Galicia para los diferentes colectivos profesionales implicados en el impulso y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y proyectos en la comunidad ya que introducirá el principio de autorización única en materia ambiental y contribuirá, de este modo, a acortar trámites.
Así se lo trasladó hoy la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia y de las confederaciones provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con los que se reunió para abordar el contenido y principales objetivos de la norma autonómica.
Una vez superada la fase de consulta pública previa, la conselleira explicó que su departamento está trabajando en la redacción del borrador normativo, un proceso en el que aprovechará la opinión de los diferentes colectivos consultados de cara a recopilar ideas y buscar una postura de consenso.
En este sentido, Vázquez Mejuto subrayó la importancia de que diferentes entidades, empresas y organizaciones profesionales tengan ocasión de exponer los problemas que creen que la futura norma puede resolver para garantizar que esta responda a las demandas y necesidades de los principales implicados.
Hace falta recordar que con la Ley de administración ambiental simplificada la Xunta aspira a situar Galicia en una posición de vanguardia a través de la aprobación de uno de los ordenamientos ambientales más modernos e innovadores de todo el país que garantice y ofrezca a la vez la seguridad jurídica que demandan en este ámbito tanto promotores como administraciones.
Con esta reunión se cierra la ronda de contactos iniciada en octubre con el fin de consensuar el documento inicial con los principales sectores, colectivos profesionales y entidades que, por su actividad o finalidad principal, se puedan ver afectados directa o indirectamente por la futura ley. De hecho, el objetivo es contar con el primer borrador de la norma este mismo año y remitir el proyecto al Parlamento para su aprobación en 2025.