La Xunta de Galicia pondrá en marcha el próximo año un mercado voluntario de créditos de carbono al que podrán recurrir empresas, entidades y la propia ciudadanía para compensar las toneladas de dióxido de carbono (C02) que emiten a través de la ejecución de proyectos de carácter medioambiental como, por ejemplo, iniciativas de reforestación o vinculadas con la acuicultura.
Este fue uno de los temas centrales de las reuniones que mantuvo en Bruselas la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con diferentes altos cargos y responsables comunitarios de direcciones generales de las áreas de su competencia en el marco de su viaje institucional para participar en nombre de las 17 comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE.
En concreto, explicó que la Xunta pretende desarrollar este mercado a través de un decreto, actualmente en tramitación y cuya aprobación está prevista para el primer trimestre del próximo año, y con la puesta en marcha de las herramientas tecnológicas necesarias para gestionar los créditos de carbono y aplicar las metodologías de cálculo que permitirán generar los créditos correspondientes a cada propuesta.
Es el llamado Proyecto SICLE CO2, en el que se invertirán 6,8 millones de euros hasta el año 2028, una iniciativa que, como recordó la conselleira, ve en la misma línea que los principales acuerdos adoptados en la reciente Cumbre del Clima, la COP 29, celebrada en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán.
Reunión con Cristina Lobillo
Entre los contactos que mantuvo la conselleira en Bruselas hace falta destacar su reunión con Cristina Lobillo, directora del Grupo de Trabajo de la Plataforma Energética de la UE, dependiente de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea.
Durante el encuentro analizaron la situación de parálisis judicial que afecta al sector eólico en Galicia, un bloqueo que, tal y como explicó la conselleira, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de descarbonización por parte de la Comunidad y choca con el interés público superior que tienen para la UE los proyectos de energías renovables al considerar que su contribución será clave para la consecución de la neutralidad climática.